Cada vez me sorprendo más y más; España es -sin duda- un país curioso. Leyendo artículos y demás, se podría pensar que los países en donde las cosas van peor o donde la corrupción está en plano auge, son siempre los países de allá, los del tercer mundo, sin embargo aún queda en esos países un poco de respeto por la gente, por las familias, por una vida digna.
España lleva ya unos años en crisis y -claro- eso ha causado muchos problemas de impagos, generalmente por gente que ha comprado casas o pisos y que ahora no tiene como hacer frente a las deudas, por lo general con los bancos, claro que también casos de familias que simplemente se han quedado en el paro y que -del mismo modo- no tienen como afrontar las mensualidades.
Ahora bien, lo que me admira es lo siguiente; según la constitución española (Capítulo III, de los principios rectores de la política social y económica, artículo 47):
Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación.
La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos.
Pues bien; está ley parece no aplicarse en el caso de que el acreedor sea un banco, me explico: supongamos que yo alquilo un piso en España y pagando un alquiler de 800 euros al mes (por los cuales alguien se tendrá que haber hipotecado en su momento y que depende de dicho pago para llegar a fin de mes). En cualquier momento yo podría dejar de pagar dichas mensualidades y a pesar de haber firmado un contrato y un compromiso por el alquiler, el dueño no puede hacer absolutamente nada al respecto, bueno, si; me puede llevar a juicio, no obstante es un juicio que puede tardar meses, incluso años, como en la mayoría de los casos. He visto muchos casos de gente, trabajadores como cualquiera, que se han hipotecado -por cosas de la vida- y han puesto ese piso hipotecado en alquiler y de pronto el inquilino ha decidido suspender los pagos, dejando a al arrendatario en la ruina total, literalmente. Estos casos llevan años y años intentando sacar al inquilino que no paga, pero la “justicia” no hace nada. Lo peor de todo esto es que el inquilino -el que ha suspendido los pagos- puede incluso demandar al propietario por acoso, por molestar, por una cantidad de cosas. De nuevo, los años pasan y la ley no hace absolutamente nada en estos casos.
Ahora el caso opuesto, gente -humilde- que se ha hipotecado y que vive en el piso hipotecado y que, de nuevo, por cosas de la vida, se han quedado en el paro. En este caso, si el piso le pertenece a un banco, entonces el banco buscará lograr un desahucio, sacar al inquilino que no paga (que no puede pagar) y rematar el piso. Estos casos se resuelven enseguida, en menos de lo que canta un gallo, a lo mucho 3 semanas un juez analiza el caso y dictamina la sentencia. En menos de un mes, la familia es -por orden de la justicia española- expulsada de su casa y en este caso no se puede hacer nada; es la misma policía la que viene a hacer el “trabajo”.
Entonces, no hace falta ser un genio para darse cuenta de como son las cosas en España. Las instituciones financieras son los reyes y las reinas de este juego y el pueblo -el que genera los ingresos- es el plebeyo. Y luego siempre están los casos de multimillonarios -estafadores- que están por ahí viviendo como jeques árabes u otros que si que han sido filtrados por la “justicia” pero que son de nuevo puestos en libertad pagando las fianzas, con el dinero de los estafados.
El pueblo no debe temer a sus gobiernos, es el gobierno quien debe temer al pueblo.
